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Breve
biografía: Carlos Sánchez Franco es arquitecto doctorando en desarrollo territorial sostenible. Tiene 20 años
de experiencia en aspectos relacionados con el urbanismo. Actualmente trabaja
en la Oficina de Desarrollo Urbano y Ciudad Histórica del Ayuntamiento de
Cáceres.
En paralelo a su labor profesional, se
le une tanto su diversa actividad docente - universidades de Salamanca y
Extremadura, Escuela de Administración Pública, formación en colegios
profesionales, etc.- y varias publicaciones.
Por último, una actividad
investigadora iniciada en 2015, dentro del programa de doctorado de la
Universidad de Extremadura, sobre el desarrollo urbanístico de Cáceres.
1)¿Podría
realizarnos un resumen de su trayectoria profesional relacionada con aspectos
que tienen que ver con la ciudad? Tanto desde el punto de vista de sus
conocimientos como de su experiencia.
Puede que en mi
trayectoria profesional influyese, en primer lugar, el hecho de iniciar la
carrera de arquitecto en Sevilla, sólo unos meses antes de que comenzara la
Expo’92, y haber experimentado todo ese fenómeno, novedoso para uno, de
transformación de una ciudad cuya escala y características eran tan distintas
al Cáceres en el que me crié.
También desde la Escuela
de Arquitectura, asistimos de primera mano al esfuerzo prospectivo por el cual
aquel suceso efímero se pretendía traducir en un hecho urbano integrado en un
territorio que no sólo había sido también materialmente alterado - plan director
de la Cartuja, re-funcionalización de los pabellones, instalaciones e
infraestructuras etc.- sino que acusaba los correspondientes efectos sociales en todo
su área metropolitana (mercado de la vivienda, mantenimiento y gestión de las
grandes infraestructuras, masiva urbanización de la cornisa del Aljarafe,…).
Luego, la primera
experiencia con lo público fue Azuaga, de la mano de la Oficina del Área de
Rehabilitación Integrada del Conjunto Histórico. Aquello supuso un fenomenal
aprendizaje, sobre todo en lo que respecta a la realidad local en un contexto
rural como el de la Campiña Sur. Algo parecido a lo que ocurriría en mi etapa
en el Ayuntamiento de Alcuescar, un municipio de unos tres mil habitantes
enclavado en el centro geográfico de Extremadura donde, como en tantos otros
pueblos, las relaciones de dependencia administrativa y laboral se trasladan en
general a un radio de más de 30 km, hacia las capitales provincial y regional.
Más adelante, en los Ayuntamientos de Coria y Cáceres, ya contaría con esa base
como técnico municipal.
Las dos etapas pasadas
en Mérida, en la Junta de Extremadura (un total de 10 años), también se han
centrado en el urbanismo y la ordenación del territorio, pero ya desde una
visión más abstracta: normativa, análisis territorial y procedimientos
administrativos. Desde Mérida es inevitable que la ciudad se diluya en un
concepto más o menos formulado jurídicamente al que aplicar unos estándares “de
calidad o cohesión urbanas” que sinceramente aún adolecen de una determinación
digamos “fina”. Y este diagnóstico se confirma también al examinar las
políticas y programas que nos vienen de Madrid y de Bruselas (Legislación
básica, Directivas, Fondos Europeos,..).
El contraste de esa
visión “alejada” con la inmediata realidad local a la que me refería antes, se
siente especialmente con la redacción de los planes de ordenación urbana. Es
ahí cuando uno, como equipo redactor, ha de tratar de manejarse entre la
voluntad ciudadana y la posición preconcebida de las administraciones supramunicipales
(Comunidad Autónoma y Estado).
2)Extremadura es una comunidad que se
caracteriza por no tener grandes urbes - y por tanto, no sufre graves problemas
ambientales como los generados en las megalópolis del mundo - pero cuenta con
una serie de ciudades intermedias cuyo funcionamiento y planeamiento actual y
futuro deberían considerar una serie de factores que las posicione como centros
de referencia en los que permanezca y aumente la calidad de vida de sus
habitantes y como territorios sostenibles preparados para acoger a más
población, posibilitándose su dinamismo económico e incorporando innovaciones
que les permitan estar actualizadas y ser competitivas. En el rango europeo,
una ciudad intermedia sería aquella que tiene entre 20.000 y 500.000
habitantes; sin embargo, el calificativo de "intermedia" no está sólo
caracterizado por el número de habitantes sino que además, estas ciudades,
articulan un territorio y funcionan como centros de referencia para un
territorio más o menos inmediato. Considerando la Nueva Agenda Urbana Hábitat
III, y a partir de la experiencia y conocimientos que usted posee, qué aspectos de la ciudad considera que
sería más urgente abordar para efectivamente generar ciudades (intermedias)
sostenibles.
Merece la pena echar un vistazo a las
Directrices de Ordenación Territorial de Extremadura que están tramitándose
desde hace ya 5 años. Veremos que plantean una cierta estructuración en áreas
geográficas funcionales a cuya cabeza se encuentran los denominados núcleos de
relevancia territorial. Son estos los que en nuestro contexto regional
podríamos asimilar a esas ciudades intermedias de las que se habla. Pero
reparando en que la talla poblacional de muchas de estas “cabeceras” desciende
al entorno de los 10.000 habitantes y éstas son sólo una quincena del total de
los más de 400 núcleos de población existentes. Actualmente, sólo 7 municipios
extremeños superan los 20.000 habitantes y el más grande en número, Badajoz,
ocupa una situación radicalmente excéntrica respecto del resto del territorio
de la Comunidad Autónoma. Por otro lado, creo sinceramente que sólo estudiando
las relaciones de dependencia que el conjunto de Extremadura tiene con su
entorno peninsular, será posible proyectar un sistema equilibrado de ciudades
sostenibles que a su vez sirvan de nodos a partir de los cuales sea posible la
supervivencia de los pequeños asentamientos rurales, menores de 5.000
habitantes, que constituyen la mayoría de los municipios en Extremadura.
A estas alturas eludo discutir las
cuestiones más o menos conceptuales. Por el contrario, me interesa mucho más la
vertiente práctica: ¿Qué arrastra la etiqueta “ciudad inteligente” o “smart
city”? La respuesta es crédito financiero por lo general a través de los FEDER.
Desde los años 90, en cada período operativo se nos ofrece una cantidad
considerable de asignación presupuestaria para que plantemos iniciativas
urbanas (programas URBAN, antes; estrategias DUSI, ahora) y en la última época
se suman a los objetivos líneas como la economía baja en carbono (EBC) y las
soluciones “Smart”. Pese a que hemos resultado beneficiarios en múltiples
ocasiones a través de diversos proyectos, no hay más que ver los datos de las
liquidaciones para reparar en que aún podríamos acceder a muchos más fondos y
acometer un mayor número de acciones. Si nos fijamos con más detalle, la
mayoría de estas iniciativas parten de los ayuntamientos, apoyados en la
asistencia, incluso en el ofrecimiento previo, de las correspondientes
consultoras cuya vinculación con el sector tecnológico es notoria
(comercializadoras y concesionarias de servicios, especialmente). A todo ello
hay que sumarle la práctica tradicional, actualmente obsoleta en cuanto a
eficacia, de traducir la cuestión urbanística en acción inmobiliaria
(re/urbanización y re/edificación) a monitorizar (Big Data) y gestionar desde
una central telemática operativa (esto lo desarrollé en el año 2015, en un
artículo titulado"¿Smart Cities? Hagamos
urbanismo"). Sin
embargo, las convocatorias cuyas bases se expresan en las correspondientes
Órdenes Ministeriales nos animan a un tratamiento no tan escorado hacia la
tecnología, sino hacia la acción integral (ya sabemos, esferas económica,
ambiental y social) en cuya aplicación “puntúa”, y mucho, los procesos
participativos colectivos y la atención a los sectores de la sociedad en riesgo
de exclusión (población vulnerable, accesibilidad universal, barrios
marginales, impacto de género,…).
Ciertamente, es un reto aún por alcanzar el
que podamos poner en concierto a las distintas administraciones y a los
distintos sectores de la sociedad para plantear una verdadera Estrategia Urbana
Sostenible e Integrada (DUSI). Y en esa labor de asistencia técnica, considero
que las figuras del urbanista, el agente de desarrollo local y el asistente
social son más necesarias que la consultoría tecnológica.
4) Cuando hablamos de ciudades
biofílicas, nos referimos a ciudades que presentan un diseño urbano que permite
a los habitantes desarrollar actividades y un estilo de vida que los deja
aprender de la naturaleza y comprometerse con su cuidado. Asimismo, las
instituciones locales de las ciudades biofílicas destinan parte del presupuesto
de los gobiernos locales para cumplir este compromiso. ¿Conoce algunos ejemplos de ciudades en España que puedan servir de
paradigma en este sentido? (ejemplo: ciudades en las que proliferen las
cubiertas verdes, los jardines verticales, las zonas verdes, los
acompañamientos viarios y zonas de sombra que sirven de adaptación al cambio climático,
etc.) ¿Tiene Cáceres incorporada esa
visión en su gestión y políticas urbanísticas?
Más allá del ejemplo recurrente de
Vitoria, es evidente que donde más referencia tenemos es en el terreno de las
ideas, es decir, desde hace años se llevan formulando los principios rectores que
finalmente cuajarán en una forma de configurar las ciudades en relación
saludable con el medio ambiente. En la mayoría de los casos, estos principios
son aplicados a proyectos puntuales o aún no materializados. Todavía hablamos
de “utopía verde” y sólo empezará a ser realidad cuando estos principios se
transformen en norma dispositiva. Desde luego, en los últimos años, sobre todo
a partir del 2013 con las leyes de evaluación ambiental y la de regeneración,
renovación y rehabilitación urbana, se han dado pasos importantes para reforzar
la naturaleza ecológica del planeamiento urbanístico y de las ordenanzas
municipales. Sin embargo, habría que ser más ambiciosos en la adaptación de
ordenamientos en materia civil y demanial que favorezcan, por ejemplo, el uso y
dominio público de cubiertas verdes en edificios de titularidad privada. En la
legislación urbanística extremeña, ni siquiera la nueva Ley de OrdenaciónTerritorial y Urbanística Sostenible (anteproyecto) se ha atrevido a introducir
la posibilidad de que el suelo con destino a dotaciones públicas pueda
localizarse en un complejo inmobiliario de carácter urbanístico tal y como
permite la legislación básica del Estado.
También figuras jurídicas como la
mutación demanial, así como los derechos de superficie, deberían gozar de una
aplicación más ágil, de manera que el interés general y el particular convivan
con seguridad legal y efectividad. Pensemos en la transformación de la
infraestructura gris (red ferroviaria en desuso, viaductos sin servicio) en
infraestructura verde (corredores peatonales, carriles bicis, pantallas
ajardinadas,…); usemos los solares privados no edificados, los edificios
abandonados, incluso la envolvente de aquellos otros que, estando en uso, por
sus características permitan su vegetalización para contrarrestar las emisiones
de CO2 en calles de tráfico motorizado intenso.
El caso de Cáceres no es muy distinto
al de las demás ciudades españolas, por lo que si bien tiene sus ordenanzas de
protección del entorno urbano, de ruido, de accesibilidad y un plan
urbanístico, del año 2010, más o menos adaptado a los principios antes
comentados, aún le falta esa materialización reconocible en el conjunto de la
ciudad. Conviene no obstante señalar que, desde hace décadas, esta es una
ciudad donde no sólo sus parques y jardines sino la presencia de arbolado en
sus calles es apreciable. Y mucho de ello se lo debemos a la voluntad y talento
de funcionarios municipales como Diosdado Simón (1954-2002).
Un ejemplo de instrumento de
ordenación urbanística que profundiza en la materia ambientales el PlanEspecial de Reforma Interior para el ámbito del Poblado Minero de Aldea Moret(2016). El Poblado, muy deteriorado en lo que respecta a su urbanización
original y al parque residencial, cuenta con una protección en materia cultural
y su prevista regeneración integra la vegetación existente, la orientación energéticamente
eficiente de las nuevas edificaciones y
otras condiciones bioclimáticas.
5)
Respecto a las ordenanzas municipales, ¿cuáles de ellas deberían revisarse o
considera que deberían incorporarse para lograr ciudades más sostenibles? ¿Se
está considerando la adaptación y mitigación local del cambio climático en la
ordenanzas municipales?
Actualmente, tanto en Cáceres como en
la mayoría de las ciudades, si bien cada vez las ordenanzas municipales
incorporan disposiciones, medidas y estándares de sostenibilidad, éstas se
encuentran dispersas según los distintos ámbitos (infraestructuras, servicios
urbanos, movilidad, accesibilidad universal, ruido, convivencia ciudadana,
protección ambiental,…). Por tanto, dado el interés general que la materia
supone, habría que abordar una ordenanza integral al respecto. Tenemos dos
ejemplos que pueden sentar las bases de dicha ordenanza. El primero, lo
encontramos en las legislaciones urbanística y ambiental, que en el caso
extremeño actualmente se están revisando. Segundo, las propias Estrategias de
Desarrollo Urbano Sostenible e Integral, que si bien no tienen carácter
dispositivo nos ofrecen indicadores, métodos de seguimiento y parámetros de
actuación que podrían constituirse en condiciones reguladoras. En la evaluación
de los impactos en consideración al cambio climático, ni siquiera contamos con
un desarrollo reglamentario que nos sirva de criterio, por lo que la ordenanza,
aún por llegar, ha de cubrir a día de hoy un vacío normativo considerable.
En todo caso, vuelvo a reivindicar la
figura del Plan. El buen plan urbanístico es en sí, además de un proyecto de
ciudad, una ordenanza de convivencia entre toda la población local y el medio.
6)
En cuanto a urbanismo, ¿hacia dónde cree que deberían evolucionar las ciudades?
o bien, ¿qué modelos urbanísticos del pasado deberían recuperarse?
Ciñéndonos a nuestro contexto
geográfico, resulta necesario un plan integral y para ello hay que contar de
una vez con unas Directrices de Ordenación Territorial, cuyo ámbito físico de
aplicación cubra el conjunto de la Comunidad Autónoma extremeña, y sirva como
instrumento de gobernanza con el que coordinar cada una de las políticas
públicas (medio ambiente, sanidad, vivienda, educación, cultura, economía,...)
a ejercer por todas las Administraciones Públicas (Estado, Comunidad Autónoma y
Entidades Locales). Pero el reto evolutivo crucial, es activar la iniciativa
civil. La participación ciudadana, en casi todas las actuaciones urbanísticas
estructurales, no pasa de acontecer episódicamente durante los lapsos de
información pública de los instrumentos de ordenación y de los proyectos con
impacto ambiental. Aún hoy, estas actuaciones se suelen fraguar de “puertas
para dentro” de esas administraciones, puede que con colaboración
público-privada (sector empresarial), pero casi nunca ciudadana. Es importante
reforzar el asociacionismo estatutario, con marcados fines sociales,
ambientales y territoriales, de manera que estas asociaciones encuentren un
espacio en el proceso desde el principio; un espacio que no se limite al de la
propuesta o la alegación, sino que forme parte del acto decisional. Puede que
en las grandes aglomeraciones urbanas superpobladas sea muy difícil organizar
esta participación pública efectiva, pero dado el tamaño de los núcleos de
población en Extremadura, este reto no requiere más que de voluntad y
colaboración; sería, si se acepta el ejemplo, como una aproximación
contemporánea a esa fórmula medieval del Concejo Abierto, donde el común de los
vecinos constituyen el gobierno (y no olvidemos que el Plan es también un
instrumento de gobierno). Siguiendo con el pasado y los modelos urbanísticos a
recuperar, no puedo evitar echar de menos aquella forma decimonónica de
entender también la ciudad como hecho arquitectónico, donde concebir un espacio
público bello. Puede que a estas alturas entendamos ahora lo bello de manera
distinta a cómo la entendían Otto Wagner o Cerdá. Alvaro Siza dice que nada es bello
si no funciona; tampoco lo será, añadamos, si no es accesible el espacio, o si
no es inclusivo. En cualquier caso estas son cuestiones que resuelve también la
arquitectura; no ella sola, desde luego, pero las resuelve.
7)
Qué oportunidades de empleo identifica en torno a la construcción de un modelo
de ciudad sostenible.
Pensemos que en todos los casos
tenemos enfrente la ciudad. Lo que falta es que sea sostenible. Por tanto,
actuaremos sobre un hecho existente y su entorno. Necesitaremos regenerar y renovar
la urbanización: las infraestructuras, los servicios y los espacios urbanos.
Rehabilitar la edificación: envolventes constructivas e instalaciones,
acondicionamientos interiores. Transformar el suelo rural del entorno en lo
estrictamente indispensable para suplir las necesidades, favorecer el
desarrollo económico y explotar racionalmente los recursos naturales. Todo este
medio físico habremos de adaptarlo para hacerlo accesible. Se trata de mejorar
las condiciones de vida ciudadana (alojamiento, ocio y trabajo); de predecir
los problemas (contaminación, ruina, residuos, movilidad) y resolverlos
eficazmente (monitorización, regulación, mantenimiento, conservación, acogida).
Todo ello supone movilizar una formidable demanda de empleo en múltiples áreas
que trascendiendo de las tradicionales (construcción, ingeniería,
administración,..) apuntan directamente a sectores como el tecnológico, el
energético y el ambiental, pero también al de la asistencia social, la
investigación industrial, la formación profesional, etc.
8)
¿Qué ventajas identifica en la ciudad intermedia respecto a la gran ciudad si
hablamos de calidad de vida?
No es difícil percatarse de que una
ciudad intermedia se encuentra en una situación inmejorable para apostar por
los beneficios de la gran ciudad, pero también por las virtudes del pequeño
núcleo rural. De la primera, la ciudad intermedia puede conseguir un buen nivel
de servicios como aquélla, a un coste racional que tendrá que ver con el
respeto a un modelo suficientemente compacto de su trama urbana, donde
concentrar al grueso de los contribuyentes que sufragan esos servicios, en un
medio más saludable y evitando largos desplazamientos. De la segunda, podrá
preservar o, incluso fomentar, un sentido colectivo de identidad local, de relaciones
de vecindad, de cercanía social y dinamismo económico, así como una relación
con un entorno cuyo ámbito de influencia, frente a las limitaciones del pequeño
núcleo rural, podrá alcanzar mayores dimensiones geográficas, de manera que
pueda “posicionarse”, en positivo, entre los flujos de intercambio de las
grandes metrópolis, corrigiendo la migración poblacional hacia esas metrópolis,
equilibrando el sistema territorial dotacional y ofreciendo una alternativa
habitacional a la congestión de las grandes áreas urbanas.
9)
¿Podría identificar 2 - 3 experiencias de participación ciudadana en la
configuración de ciudades que destaquen porque efectivamente fueron reales y
obtuvieron buenos resultados? O alguna en la que usted haya participado.
En los núcleos rurales existen varios ejemplos
paradigmáticos de participación del conjunto de los vecinos (‘Tejiendo lacalle’ en Valverde de la Vera, ‘Tejiendo vida’ en Oliva de Plasencia, ‘Unpueblo…Un museo’, en Piornal). Pero en el caso de ciudades más grandes, existen
también iniciativas destacables, pero en ellas predomina una diferencia sobre
las anteriores: no surgen del impulso institucional y por tanto suelen ser, al
menos las que inciden en el hecho urbano, más ‘conflictivas’. Es evidente que
ejemplos como los del ‘Cabanyal’ (Valencia) o Gamonal (Burgos) han influido en
el devenir urbanístico de sus respectivas ciudades. Está ocurriendo algo
parecido en Murcia, con las movilizaciones para el soterramiento ferroviario.
En Cáceres, la polémica sobre el proyecto para explotar una mina en el entorno
próximo está sacando a relucir una discusión interesante sobre el modelo de
ciudad que se quiere. Sin embargo, en todos estos casos el detonante común es
la protesta, el conflicto. Lo conveniente sería no tener que llegar al
‘enfrentamiento’ sino, como ya hemos apuntado, conseguir involucrar a la
ciudadanía desde el principio, en todos aquellos procesos que acaban incidiendo
en la realidad urbana.
10)
Cuáles cree que son los retos a corto y medio plazo que deben abordar las
ciudades intermedias cuanto antes para convertirse en sostenibles.
De alguna manera, ya se ha ido
reflexionando sobre esto en las contestaciones anteriores, por lo que tataré de
esbozar una suerte de conclusiones:
Para que sea sostenible, la ciudad
intermedia debe:
· Planificarse
desde una ordenación territorial que trascienda de los límites municipales y
entienda a aquélla como elemento crucial de un sistema de equilibrio social,
ambiental y económico.
· Activar
la participación ciudadana efectiva desde el comienzo de los procesos
decisionales.
· Construir
(o rescatar) un sentido de identidad colectiva local (pensemos en el Genius Loci de Aldo Rossi, por el cual
esa identidad lleva inmanente también una imagen ‘arquitectónica’)
· Construir
(o rescatar) una cultura ciudadana de convivencia y respeto por el medio
ambiente.
· Definir
un modelo cierto de desarrollo local. Un modelo que no anhele emular al de la
gran ciudad ni al del pequeño núcleo rural, sino que aproveche las cualidades
de ambos y evite sus respectivas deficiencias; que reconozca sus relaciones de
dependencia territorial e identifique sus potencialidades.
· Lograr
que Gobernanza y Plan sean integrales, para lo cual, en el primer caso hay que
transformar las estructuras político-administrativas obsoletas (concejalías y
departamentos sectoriales) en entes pluri-sectoriales de gestión coordinada
‘inteligente’, y en el segundo caso, incorporar a la ordenación urbanística las
estrategias y proyectos de acción financiados/bles (EDUSI, Smart Cities, proyectos
singulares de EBC, Interreg, Leader Plus, Planes VPP, Movilidad, Accesibilidad
Universal…).
· Hacer
un continuo seguimiento de la acción política local, de la ejecución del Plan y
de la dinámica urbanístico-ambiental, cuyos indicadores y diagnóstico permitan
redirigir todas ellas (proceso circular sistémico).
Me gustaría finalizar citando a uno de
los autores contemporáneos más prolíficos de normativa
sobre suelo, Luciano Parejo, que resume lo que he tratado de transmitir al
afirmar que la ordenación urbanística es «la
organización espacial de la convivencia colectiva sobre el territorio».
Muchas gracias.
Muchas gracias por esta interesante y necesaria entrada. Comparto la mayoría de opiniones de Carlos Sánchez Franco. Me gustaría aportar dos referencias que considero relevantes y complementarias a lo ya incluido en esta entrada:
ResponderEliminar- Sobre herramientas de participación ciudadana: la herramienta desarrollada por la Comisión Europea Community-Led Local Development (CLLD)
http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information reports/opinions/community-led-local-development-clld
- Sobre buenas prácticas en aplicación de la ley de las 3Rs: el proyecto "Observatorio Ciudad 3R", liderado por la Fundación para la Ecología y Desarrollo, un proyecto colaborativo y abierto cuyo ámbito de estudio y de análisis es todo el territorio nacional, las diferentes escalas de intervención: edificio, grupo edificatorio, barrio, etc. y los tres niveles administrativos (nacional-regional-local)
http://www.observatoriociudad3r.com/
Buenas tardes, Ángeles.
ResponderEliminarMuchas gracias por su comentario y por aportar información de valor.
Próximamente, celebraremos un panel de expertos en Cáceres. Si está interesada en participar, podríamos enviarle información. Seguramente, Carlos Sánchez Franco participará en el mismo.
Seguimos en contacto y gracias de nuevo.